Cómo se regula el empleo público para discapacitados

Aunque en los últimos años se han producido importantes avances en la integración de las personas discapacitadas en el mercado laboral, aún falta mucho camino por recorrer tanto en el sector público como en el sector privado. En esta ocasión nos vamos a detener en explicar cómo se regula el empleo público para los discapacitados.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en el año 2007, regula el acceso a la Administración y estipula que debe haber un cupo no inferior al 7% de las vacantes cubiertas reservado para personas con discapacidad: al menos el 2% para personas con discapacidad intelectual y el otro 5% para candidatos con algún otro tipo de discapacidad.

Para poder ocupar esas plazas, los candidatos deben superar los correspondientes procesos de selección y acreditar tanto su discapacidad como la compatibilidad con el desarrollo del trabajo.

El Estatuto Básico del Empleado Público también refleja que cada administración debe adoptar las medidas necesarias para ajustar los plazos y los medios del proceso de selección. Después, las propias administraciones deben velar por la correcta adaptación de los trabajadores con discapacidad a sus respectivos puestos de trabajo.

Según la Base de Datos Estatal de las Personas con Discapacidad, el número de personas en España con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años que tenían un certificado de discapacidad era en 2014 de 1.335.100, lo que supone un 4’4% del total de la población española en edad de trabajar.

La tasa de paro para las personas con discapacidad fue en ese mismo año 2014 del 32’2%, 2’8 puntos menos en relación con el año anterior, pero aún 7’8 puntos superior a la tasa de paro entre las personas sin discapacidad.

El sector con mayor ocupación para las personas con discapacidad es el relacionado con las actividades sanitarias y de servicios sociales, con un 13’6%, seguido por las industrias extractivas y manufacturera (12’9%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (10’3%) y la Administración Pública y Defensa (10%).