La CEOE quiere que el Gobierno no obligue legalmente a las empresas a pagar a sus becarios

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado un documento en el que propone una serie de cambios, que según ellos mejorarán la formación y las becas en las empresas. Además de una serie de medidas como la delimitación de las labores del becario para que queden en consonancia con la beca o la equiparación de la duración de las prácticas en todas las comunidades, la CEOE quiere que el Gobierno no obligue legalmente a las empresas a pagar a sus becarios, ya que esto limita la capacidad de las empresas para acogerlos.

Un becario trabajando (Istock)

Un becario trabajando (Istock)

Es lo que señala en un documento titulado ‘El aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la competitividad’, y que ha sido enviado a las Secretarías de Estado de Educación y de Empleo. Hay más puntos. Solicitan que la edad no sea un elemento excluyente a la hora de encontrar un trabajo en prácticas, es decir, sugieren que este contrato pueda ser dirigido a personas mayores de 45 años, cuando a día de hoy está únicamente destinado a los jóvenes. Argumentan que debe primar la carencia de capacidades formativas para el desempeño del puesto y no la edad.

Quieren que este salario de los becarios sea sustituido por ayudas al transporte y para cubrir sus dietas. Además solicitan que estos trabajadores en prácticas puedan trabajar los fines de semana, hacer horas extra, trabajar en horario nocturno y que su contrato pueda tener una duración de más de un año. Eso sí, todo esto se vería compensado con días libres u otro tipo de mecanismo de remuneración: “La imposibilidad de contratar a los trabajadores para que desempeñen su actividad laboral rotando turnos o a partir de las 22 horas supone uno de los principales inconvenientes que conducen a desestimar esta vía de contratación, pues determinados procesos productivos conllevan necesariamente a contemplar una o ambas circunstancias», aclara la CEOE.

Además cree que estas nuevas medidas ayudarán a la “significativa reducción” de contratos de formación y aprendizaje que se ha producido en España. En 2015 se firmaron 174.000 contratos, mientras que en 2017 fueron unos 48.300 contratos.

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