La etapa de crisis que hemos vivido (y que probablemente aún seguimos viviendo) nos ha descubierto una nueva figura hasta entonces algo desconocida para la mayoría: el emprendedor y el innovador, que nos debían sacar de esa crisis con sus ideas. Los diferentes gobiernos (locales, autonómicos y estatal) llenaron el ordenamiento jurídico de leyes que supuestamente favorecerían ese emprendimiento y la innovación pero… ¿ha sido así en realidad?
Lo cierto es que las leyes, en vez de favorecer esa agilidad, parece que la frenan y provocan todo lo contrario, un aumento de la burocracia que depende en gran medida del sector pero que en cualquiera de ellos suma una pérdida de tiempo y dinero.
Hablábamos de los sectores. La mayor regulación y dificultades para innovar las encuentran los laboratorios farmacéuticos, y la menor, el sector de los cosméticos.
Respecto a los primeros, es obvio que la salud tiene que estar realmente regulada pero, ¿no se podría agilizar un poco? Eso se lo preguntan desde la patronal del sector, Farmaindustria, cuando hacen balance del tiempo que duran los trámites. Tras patentar un fármaco, el laboratorio tiene los derechos durante 20 años, aunque invierten entre ocho y doce en desarrollar su I+D. A esto hay que sumar el año que transcurre entre la aprobación de la Agencia Española del Medicamento y su comercialización definitiva en España. Total, siete años para amortizarlo como mínimo y once como mucho.
En cuanto a los cosméticos, la legislación garantiza la seguridad de los consumidores a pesar de no ser excesivamente detallada y de no poner trabas a la innovación. El sector está regulado a nivel europeo desde 2013 y ello le ha quitado mucha burocracia a los procesos.
Así, se ha creado un portal único de notificación europeo y una base de datos informatizada para todos los estados miembros, y las compañías sólo tienen que dar de alta sus nuevos productos en la plataforma para que las autoridades de cada país puedan acceder a su información si hay algún problema.
Y si en los productos cosméticos la normativa es prácticamente nueva, en el sector de la alimentación se pide una revisión de la actualmente vigente, de 1997, que consideran obsoleta y que desmotiva a las empresas para innovar. Obsoleta y arbitraria además de incoherente, puesto que desde que se solicita un permiso hasta que llega, podrían pasar dos años.
En otros sectores, la regulación no para de aumentar, como en el químico, donde en 2004 había 940 elementos legislativos. Y diez años después, 2.219, lo que sumado a los costes de energía y materias primas que suponen innovar, sume en la desmotivación a las empresas que se plantean este paso.
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